Hace unos días las organizaciones de protección animal de Barcelona recibieron un email donde se les informaba de la desaparición de una línea presupuestaria específica, dentro de la Convocatoria General de Subvenciones, destinada a la protección de animales a través de la gestión cívica.
Esto es el trabajo gratuito 24/7 del tejido de organizaciones y activistas que gestionan tareas tales como rescate de animales en situación de maltrato, recogida de animales abandonados, campañas de adopción y sensibilización, gestión de colonias felinas, campañas en las escuelas, etc.; en síntesis, un trabajo que debería recaer 100% sobre la gestión pública y que sin embargo es llevado a cabo a través de un enorme entramado de ciudadanas y ciudadanos de forma gratuita pero a la vez profesional y metódica.
El retiro de esta partida mal llamada subvención se justifica en el correo como una medida de ajuste y austeridad ante la situación económica de las administraciones públicas ante la Covid-19. Este argumento, lejos de justificar la decisión, se hace más incoherente y ofensivo ante las siguientes evidencias concretas: ya en 2020, sin un contexto de pandemia, el actual gobierno había reducido la misma un 40%, y este año simplemente ha acabado de ejecutar, con el 60% restante, lo que comenzó a desmontar en el anterior ejercicio.
No menos importante, en la actualidad siguen activas decenas de partidas presupuestarias y gastos públicos disparatados, muchos de ellos de carácter lúdico, como los dañinos fuegos artificiales de fin de año (que mataron decenas de animales e incendiaron la naturaleza en Montjuïc, además de los ya habituales perjuicios a recién nacidos, personas con hipersensibilidad o adultos mayores).
En relación al mantenimiento de la línea de subvenciones dirigida a entidades que cuidan de las colonias de gatos (destinada a la esterilización), es importante señalar que esta decisión también ha afectado negativamente a las ayudas destinadas a tareas de sensibilización y que dichas entidades siguen haciéndose cargo de los costes de facturas veterinarias y alimentación, cuyo cubrimiento repercute en beneficio de toda la ciudadanía de Barcelona. Así mismo, se ha vuelto a postergar la puesta en marcha del centro de acogida de animales de la ciudad, que personas y entidades llevan esperando desde hace décadas.
Tal y como apunta Carla Cornella, presidenta de FAADA, «es imprescindible considerar que el Ayuntamiento tiene la competencia y la responsabilidad en la gestión de la protección de los animales de Barcelona y que desde las entidades de la ciudad trabajamos cada día del año asumiendo una parte de esta gestión».
Por todo lo indicado, las entidades de protección animal de Barcelona han pedido, a través de una carta abierta a la Alcaldesa Ada Colau, que el Ayuntamiento reconozca su labor como servicio social, que revise con urgencia la desafortunada decisión de anular las ayudas sobre bienestar animal y han solicitado un replanteamiento de la manera de afrontar las políticas de protección animal de Barcelona, una vez considerada “Ciudad Amiga de los Animales”.
Hector Dager